El Estado se queda con 41% de lo que se paga por cada litro de nafta

La idea del Ministerio de Energía de utilizar al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) como amortiguador frente a las variaciones de los precios internacionales del crudo deberá esperar, por lo menos, unos meses más.

Aunque el ministro Juan José Aranguren expresó en varias oportunidades que modificarán la carga impositiva de las naftas y el gasoil, el proyecto de ley todavía está en proceso de discusión para su posterior redacción y envío al Congreso, según explicaron fuentes oficiales. Al igual que en otros países del mundo, se busca estabilizar el precio por un período largo de tiempo. Cuando el precio del crudo en el mundo suba, bajarán el ITC para mejorar la rentabilidad empresaria y cuando el precio de hidrocarburo baje, el Estado incrementará sus ingresos con más participación en la torta.

En la actualidad, los impuestos representan el 41% del precio final al consumidor de las naftas y el 37% del gasoil. El ITC, por sí solo, explica el 24% del precio. Tal como mostró este medio la semana pasada, la nafta argentina es la segunda más cara de la región, sólo por detrás de Uruguay y prácticamente al mismo nivel que en Chile y Brasil. Un litro de nafta súper cuesta en la Ciudad de Buenos Aires $ 18,43 o u$s 1,14 al tipo de cambio con el que cerró el viernes el mercado minorista ($ 16,18 por unidad de la moneda norteamericana). Es decir, con este nivel impositivo, el Estado cobra $ 7,55 (u$s 0,47) por cada litro de nafta súper que se vende en las estaciones de servicio, y les deja al resto de la cadena $ 10,88 (u$s 0,67).

El total de los gravámenes a los combustibles que cobra Nación fue de $ 37.515,4 millones en los primeros cinco meses del año, apenas el 3,4% de lo recaudado en general ($ 1,1 billones) y el 5,7% de lo que percibió el Estado en concepto de impuestos menos devoluciones y reintegros fiscales ($ 655.134 millones), de acuerdo a lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Asoma complicado que haya cambios en los meses venideros: en primer lugar, por la escasa actividad parlamentaria que suele caracterizar a los años impares (electorales), cuando los políticos desvían su mira hacia las campañas y merman su productividad legislativa; por otro lado, la renuncia del secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, y la demora en designar un reemplazante dejó vacante el lugar (David Tezanos, el actual interventor del Ente Nacional Regulador del Gas Enargas y principal favorito al puesto, no habría pasado el filtro político de la Jefatura de Gabinete y desistió). Sin embargo, el tema quedó a cargo de los subsecretarios de Exploración y Producción, Marcos Pourteau, y de Refinación y Comercialización, Pablo Popik.

Lo más probable es que los impuestos a los combustibles sean tratados después de las elecciones. Incluso, podrían formar parte del paquete de medidas para una reforma tributaria, que se discutiría en 2018, según evaluó una fuente.

Carlos Gold, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), aseguró: “La carga impositiva es determinante en el precio y necesitamos una reforma integral”.

Pese a la alta carga tributaria, en los países vecinos la situación es similar. En Brasil, los impuestos también representan el 41% del precio final (u$s 1,13 o R$ 3,59 por litro, según la web GlobalPetrolPrices). En Uruguay, el Estado se lleva el 33% de los u$s 1,60 o U$ 45,9 que se paga en los surtidores. Sin embargo, en Estados Unidos se paga apenas un 19% en impuestos sobre el ya bajo precio de u$s 0,70 por litro.

Santiago Spaltro
El Cronista